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Informe: «Desafíos y oportunidades sobre atención integral a víctimas»

Con el objetivo de promover y defender la dignidad de la persona humana, Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador elaboró un informe sobre Desplazamiento Forzado por Violencia denominado “Desafíos y oportunidades sobre atención integral a víctimas”, en el cual se visibiliza la situación de este fenómeno multicausal en la realidad de nuestras comunidades.

El documento contiene información brindada por las Oficinas de Acceso a la Información Pública de diversos entes Estatales, que abarcan el período de enero a septiembre del año 2019; también refleja las denuncias interpuestas desde el año 2017, año en el que nuestra institución inició el acompañamiento de forma integral a las víctimas, a partir de la ejecución del proyecto “Defensa de Derechos Humanos: Acciones Jurídicas y de Incidencia contra el Desplazamiento Forzado por Violencia, en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán”, haciendo vida las palabras del Papa Francisco en “acoger, proteger, promover e integrar a las personas que huyen de la persecución, los desastres naturales y la pobreza”.

El informe explica el significado del desplazamiento forzado, el cual se entiende como una acción colectiva de una población humana, obligada, bajo la coacción de un cambio de residencia habitual. Asimismo, se presentan las necesidades en la atención de víctimas de desplazamiento, entre las que están: Acogimiento temporal, documentación del caso, atención complementaria, salud mental y atención psicológica.

Entre las causas del desplazamiento destacan tres que son: amenazas, extorsión y movilización debido a la victimización directa de uno o más integrantes de la familia.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son las instituciones estatales que han atendido casos de Desplazamiento Forzado, sin embargo, la mayor parte de atención a las víctimas en niñez y adolescencia han sido realizadas por organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, se presentan las practicas estatales para la protección de las víctimas de desplazamiento.

Cabe mencionar que la Oficina de Tutela de Derechos Humanos entre enero y septiembre de 2019 acompaño 109 casos, equivalente a 342 personas. La Mesa de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado por violencia atendió 3, 477 víctimas entre el 2017 y 2019. Por su parte, el Estado se ha mantenido como un actor pasivo para el tratamiento de este fenómeno. 

Por todo lo anterior, el documento pretende ser una guía de referencia por medio del planteamiento de desafíos y oportunidades en la atención a dicha problemática, que plasme un rumbo claro de alternativas de solución, recordando que conforme a la tradición pastoral, como Iglesia estamos llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras a los desafíos  por las migraciones contemporánea, así como a reconocer el sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y salvar.

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