Defensa de derechos humanos a víctimas de DFI

En El Salvador se ha considerado la presencia de una grave situación de violencia que se caracteriza como “violencia generalizada”, que comprende altos números de homicidios, crimen organizado, amenazas, robos, violaciones, y demás hechos delictivos que provocan como consecuencia altos índices de desplazamiento forzado interno, desapariciones forzadas, retornados con necesidades de protección, que son afectaciones gravísimas de sus derechos humanos, generando la obligación de garantizar y proteger los derechos que contemplan los Principios Rectores de Naciones Unidas para el Estado salvadoreño.

El Salvador fue uno de los países de Latinoamérica que en los años 80's vivió por 12 años un conflicto armado que en su desarrollo buscaba una mejoría en el ámbito social, político y económico, al que toda la población pudiera tener acceso y que la calidad de vida de los salvadoreños que durante años habían sufrido de desigualdades, a mejorar. Sin embargo, pese a que el conflicto terminó en 1992. Actualmente las desigualdades sociales no han desaparecido, e incluso en la actualidad se han retomado ciertas prácticas antidemocráticas que habían quedado en el pasado, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Algunas de estas acciones han sido el debilitamiento de las entidades dedicadas a la defensa de derechos humanos, se ha dado una obstaculización al acceso a la información, han ocurrido coacciones a algunas instituciones por la misma actividad del Estado, provocando la pérdida de la confianza de parte de la población en las instituciones gubernamentales.

Tomando en cuenta lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe: “Tendencias globales de desplazamientos forzados en 2020”, contabilizó 71.500 víctimas de desplazamientos forzados; dentro del mismo informe se alude que el 88% de los desplazados es por las amenazas de muerte, las extorsiones y el reclutamiento por parte de las pandillas eran los factores subyacentes por los cuales se vieron forzadas a huir juntas de su país”.

Es lamentable que las personas se vean en la necesidad de arriesgar sus vidas al movilizarse dentro o fuera del país sin importar el exponer la salud de sus familias y las de ellos mismos ante el COVID-19, dado a que consideran más peligrosas las amenazas para su vida que representan los grupos delictivos dentro de sus comunidades, aún en el desarrollo de la pandemia, pues pese al riesgo de contagio de esa enfermedad, no pueden evitar arriesgar sus vidas con el fin de resguardarlas lejos de los grupos delictivos que las amenazan.

Ante tal realidad, que el país ha atravesado por muchos años, y que continúa siendo testigo del dolor de la población afectada, se identifica la necesidad de desarrollar un proyecto que permita abordar la problemática, no solo desde la perspectiva humanitaria, sino también de la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, que posibilite el realizar acciones a favor de todas las víctimas y de poder formar equipos de respuesta para estos casos.

La ejecución de este proyecto busca abordar la problemática desde la perspectiva de trabajo pastoral de base en las parroquias de que conforman la arquidiócesis de San Salvador, es decir, los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, que según estadísticas de la Policía Nacional Civil, son los que poseen altos índices de violencia y como consecuencia son afectados por el fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia, víctimas de desapariciones forzadas y retornados con necesidades de protección; buscando transformar sus realidades a través de un proceso a mediano y largo plazo desde la óptica del impulso de la pastoral, esto a través de procesos de formación necesarios para que la población pueda conocer sus derechos y la forma de hacerlos efectivos, generando una organización por parte de las pastorales, fomentando la investigación, acompañando a las víctimas en el proceso de denuncia, brindando asesoría, dando atención psicosocial, representación jurídica y ejecución de acciones de incidencia en favor de las víctimas.

La Oficina de Tutela de Derechos Humanos como instancia eclesial, defensora de derechos humanos bajo la luz del evangelio y teniendo al ser humano como centro de toda acción, busca promover y adoptar medidas eficaces destinadas a proteger la dignidad, los derechos y las libertades de las víctimas de desplazamiento forzado ocasionado por la violencia que se vive en todo el territorio salvadoreño, con el objetivo de poder brindarles una atención inmediata a través de las pastorales de derechos humanos formadas principalmente en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, convirtiéndose esta en una red de base para acción e inmediata atención aplicando los verbos acoger, proteger, promover e integrar, ejecutando actividades derivadas de los “20 pactos globales emitidos por el Dicasterio” para el desarrollo humano integral.

Dado todo lo anterior, es posible identificar las necesidades que tienen las comunidades de los departamentos antes mencionados, a recibir una atención integral en todos los casos de desplazamiento, los cuales por diversos motivos como el desconocimiento o apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, llegan a dejar en impunidad y sin una solución a las violaciones cometidas en contra de las víctimas, por lo que se hace necesario la ejecución de las actividades plasmadas en este proyecto, para poder generar un cambio en la realidad de la población y que sean estos los promotores de dicho cambio.